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23/06/2021
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coronavirus

Fallece chofer obligado trabajar siendo de riesgo

Muerte laboral en la Línea 60 fruto de la resolución del gobierno que autoriza la "vuelta al trabajo" del personal dispensado tras recibir la primera dosis.

En el día de ayer falleció de Covid-19 el chofer de la Línea 60 Álvaro Pio Santillán. Se trata de una muerte laboral, puesto que el trabajador se encontraba dentro de los grupos de riesgo y fue obligado a volver a trabajar luego de haber recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, tal como establece la resolución del gobierno.

Recordemos que en abril de este año, a pedido de las cámaras empresariales, el Ministerio de Salud y el de Trabajo emitieron una resolución conjunta -4/2021- que habilitaba a las patronales a convocar a trabajar a aquellos empleados que estuviesen incluidos dentro de los grupos de riesgo, luego de pasados los 14 días de que recibieran la primera dosis de la vacuna anticovid. La normativa afectaba tanto a mayores de 60 años, como a personas con comorbilidades y embarazadas.

Álvaro era uno de esos casos. Tras haber estado dispensado desde el inicio de la pandemia por ser un paciente con un diagnóstico de diabetes, fue forzado por la empresa Motsa a retomar las tareas presenciales con solo una dosis de la vacuna. Este fue el motivo por el cual se contagió de coronavirus y tuvo un desenlace fatal. A esto hay que sumarle la falta de protocolos de bioseguridad que existe al interior de los colectivos, una de las razones que ha llevado a los choferes de la línea a impulsar medidas de lucha ya que se encuentran sumamente expuestos al virus.

Los delegados de la 60 están en lo cierto cuando denuncian que la muerte de su compañero es el resultado de responsabilidades políticas y empresariales. La resolución del gobierno que dispone “la vuelta al trabajo” del personal de riesgo es sencillamente criminal. No responde a ningún criterio sanitario, por el contrario, la medida solo busca preservar los intereses de los capitalistas, a costa de la vida de los trabajadores.

Lo sucedido no es un caso aislado. En diversos sectores, como en la docencia, también se han producido muertes laborales por esta misma causa. No hay evidencia científica que demuestre que la vacunación -incluso con dos dosis- logre evitar que las personas de riesgo mueran como resultado de contraer Covid. Por otra parte, la llegada de nuevas cepas como la Delta pone contra las cuerdas la efectividad de las vacunas existentes en el mercado.

Las 90 mil muertes que se han producido a raíz de la pandemia en Argentina son producto de una política sanitaria que ha priorizado las demandas del capital por sobre la salud del conjunto de la población. Alberto Fernández recortó el presupuesto de salud, no garantizó una asistencia económica que permitiera “quedarnos en casa” y reducir la circulación, forzó la presencialidad escolar, llevó a cabo un plan de vacunación deficiente por defender los negociados de los laboratorios, realizó testeos a cuentagotas y no aseguró el cumplimiento de  protocolos acordes en los lugares de trabajo para prevenir el contagio. Como corolario, obliga a los trabajadores que corren riesgo de contagiarse y morir a exponerse al virus y perder la vida.

Muertes anunciadas y evitables que solo se producen en el campo de la clase trabajadora, mientras el oficialismo aplica un ajuste a las mayorías al servicio del pago de la deuda y complace a las patronales. Una foto que retrata los intereses sociales que defienden quienes gobiernan. Ante esto, es preciso reforzar la lucha para que se extiendan las licencias pagas al personal de riesgo hasta que finalice la pandemia, se creen protocolos obreros en los lugares de trabajo y haya vacunas para todos los trabajadores.

 

 

 

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