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08/08/2021
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Caso Blas Correa: ‘‘fue un crimen de Estado”

Movilización a un año del asesinato que destapó la descomposición de la Policía de Juan Schiaretti.

El 6 de agosto se cumplió el aniversario de la muerte de Valentino Blas Correa, joven de 17 años asesinado por la policía. Familiares y amigxs convocaron a una movilización. La marcha se desarrolló en silencio; se vieron varios carteles con la cara de lxs pibes y consignas como: ‘‘Justicia por Blas’’, ‘‘Justicia por lxs pibes’’, ‘’Todos somos Blas’’, ‘’basta de gatillo fácil’’, entre otras.

En la multitudinaria marcha se hicieron presentes familiares de otras víctimas de gatillo fácil. Joaquín Paredes, José Ávila, Franco Amaya, Lucas Funes, Facundo Ribera Alegre, estuvieron presentes en la movilización reclamando justicia por lxs pibes y apuntaron a las responsabilidades políticas y judiciales. ‘‘No queremos más impunidad’’, fue uno de los denominadores comunes de la protesta.

Además, se denunció la persecución policial a familiares y testigos, tal como sucede en el caso de Joaquín Paredes en el que policías de Córdoba hostigan a un testigo clave del crimen. La impunidad policial viene de larga data y expresa una responsabilidad política y judicial.

Lxs padres de Blas, Soledad Laciar y Fernando Blas Correa denunciaron en los medios que el asesinato de Blas ‘‘fue un crimen de Estado’’. Una definición que se ajusta a los hechos.  La madre de la víctima en las primeras horas después del crimen declaró  “acá no es el que disparó o dispararon, acá hubo cientos y cientos de policías queriendo tapar el moco que se habían mandado”.

En marzo de este año, Soledad Laciar dejó en claro que “el comisario [Gonzalo] Cumplido no es el techo de la cadena de responsabilidades”. Tiempo después, el mencionado oficial quedó sobreseído del caso, lo que da cuenta de toda una orientación que apunta a dejar de lado las responsabilidades políticas en un caso de gatillo fácil que desnudó un modus operandi de la Policía, que mata y luego fragua pruebas y destruye evidencias, como sucedió en el caso Joaquín Paredes.

‘‘No marcho por Blas, porque a él no lo voy a tener más, sino para que nunca más haya una madre que tenga que pasar por lo que pasé yo”, declaró Soledad Laciar, proyectando una continuidad de la lucha para que nada siga como está.

Si la muerte de Blas fue un crimen de Estado, los demás casos de gatillo fácil también lo son. Es decir, son todos casos de represión estatal. Esto vale tenerlo siempre presente puesto que la carátula de “violencia policial” apunta a dejar de lado las responsabilidades políticas y de la casta judicial que le es enteramente funcional. La constitucional independencia de poderes es letra muerta en la realidad cordobesa y nacional.

El necesario juicio y castigo a todos los responsables materiales, políticos y judiciales de los casos de gatillo fácil, debe ser acompañado de un cambio profundo, es decir desmantelar todo el aparato represivo de (in)seguridad. Porque la Policía de un Estado descompuesto está en el centro del problema, y es necesario desarrollar un programa de salida.

A contramano del planteo señalado, el ministro Alfonso Mosquera anunció 120 nuevas camionetas para la policía y se vanagloria de que la provincia tendría la menor tasa de homicidios del continente. El cuestionado funcionario realizó este anuncio aun cuando el aparato represivo acumula cada vez más fondos y, sin embargo, el delito organizado, como el narco, la trata, y los desarmaderos de autos se desarrollan con participación de las fuerzas policiales.

Hay que eliminar la complicidad judicial y política con el aparato represivo. En este punto, el planteo de la elección y revocación popular de jueces, fiscales y políticos es un planteo estratégico que levanta el Partido Obrero, y que es necesario apoyar. La policía es una institución descompuesta; no es un problema de formación ni protocolos, sino que se trata de una cuestión política, en la que no hay grieta entre el peronismo y el macrismo-UCR.

Es necesario un frente único que levante un programa de salida a la crisis política y policial. El 27 de agosto se desarrollará la 7ma Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Vamos por otra gran movilización hasta lograr justicia por Blas y todxs lxs pibes víctimas de represión estatal. El Estado es responsable. Gatillo fácil nunca más.