11/08/2021
Chile

Chile: es necesario un polo clasista revolucionario

Las idas y vueltas de la Lista del Pueblo.

Movilización en Santiago, 2019.

Definidas las candidaturas presidenciales de los conglomerados Apruebo Dignidad y Chile Vamos y con la pseudo primaria de la ex Concertación en curso, donde la demócrata cristiana Yasna Provoste es la preferida, restaba saber la definición de la candidatura presidencial de la Lista del Pueblo (LDP), como sector de lxs independientes que emergió en las elecciones de convencionales constituyentes como fuerza nueva, canalizando gran parte de la rebelión popular. El misterio pareció haberse resuelto el viernes pasado, cuando se anunció que Cristian Cuevas Zambrano sería el candidato a presidente del espacio. Haciendo un fichaje express, podemos decir que Cuevas se desempeñó como presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre y también ocupó cargos en la CUT. En el segundo gobierno de Michelle Bachelet fue designado delegado laboral en la misión diplomática de España. Pasó por el PS, el PC y Convergencia Social, partido integrante del Frente Amplio. La nominación de Cuevas generó cruces y tensiones internas en la LDP ya que lejos del perfil independiente que desde el espacio habían anunciado, el «ungido» precandidato tiene una vasta trayectoria militante en la “izquierda de los 30 años”. Esto no es solo un dato del pasado sino que se verifica en la actualidad, ya que es parte del espacio Victoria Popular que forma parte del agrupamiento Chile Digno comandado por el PC y desde ese lugar participó activamente en las primarias de Apruebo Dignidad a favor de la precandidatura de Daniel Jadue. Con estos antecedentes, cabía preguntarse si no terminaría siendo una colectora de Gabriel Boric, transformándose en una segunda versión del Frente Amplio.

Pero un “Comunicado Oficial” de LDP, hecho público en estos días, sin nombrar a Cuevas, desmiente que se haya seleccionado candidato alguno y termina anunciando que irán a unas «primarias de patrocinios» no solo para la candidatura presidencial, sino también para las legislativas.

El problema es el programa político

Los vaivenes que viene protagonizando este conglomerado de independientes que logró conquistar 27 escaños en la convención constituyente -aunque ya son 3 los convencionales que se fueron del espacio- se explican desde el programa político que levantaron desde su ingreso a la escena pública (que por el momento, es el único que dieron a conocer). En el mismo, fuera de pronunciamientos genéricos a favor de la igualdad de género, el respeto a los pueblos originarios, la “vocación” ambiental, etc., nos encontramos frente a un cúmulo de vaguedades antes que un programa que dé respuesta a las reivindicaciones que levantó el pueblo trabajador en las calles.

Entonces, por ejemplo, respecto de derechos fundamentales como el acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, o al vital sistema de pensiones y de cómo enfrentar el flagelo de la pobreza, se limita a plantear como solución… “un Estado que se ocupe activamente”. Sin definir qué medidas adoptaría el “Estado”. No se plantea en ningún caso finalizar con la privatización de la salud, la educación y las AFP del sistema previsional. Ello no constituye un mero olvido si consideramos el capítulo “Estado y mercado”, donde los define como “pilares del desarrollo”, por lo que no cabría “una disyuntiva”. Los “sistemas mixtos” serían la fórmula para conciliar intereses y así salvar a los sectores capitalistas que han lucrado todas estas décadas con los derechos que han sido sistemáticamente negados a las mayorías populares.

Propugnan un “Chile dueño de sus riquezas naturales” pero ninguna palabra sobre terminar con el saqueo de las mineras nacionalizando toda la explotación del cobre y el litio. Tampoco proponen, ni siquiera, aumentar los impuestos a dichas actividades. No se pronuncian sobre la deuda pública, que ha alcanzado un récord en 2021 y que es una fuente de exacción permanente de la riqueza del país. Sin poner freno a esta sangría, no existe posibilidad de satisfacer las apremiantes necesidades de la población, ni siquiera de encarar la política “distribucionista” que se pregona. El no pago de la deuda fraudulenta es el punto de partida inexorable para colocar el ahorro y el esfuerzo nacional al servicio de las demandas populares y un desarrollo independiente de Chile.

En materia represiva, impulsan la reorganización de las fuerzas armadas, es decir, la “reforma” de los aparatos represivos heredados de la dictadura militar. Cuando el clamor popular es que se termine con la impunidad que le ha garantizado el poder político para violar derechos humanos hasta la actualidad, desde la LDP se busca reciclarlas para que “la sociedad civil las reconozcan como legítimo brazo armado del derecho”.

El pliego de reivindicaciones del movimiento de mujeres está completamente ausente en el programa de la LDP. No hay ninguna mención de cómo se pretende enfrentar la violencia doméstica y del Estado como principal responsable, ni sobre el aborto legal.

Así las cosas, los límites de este sector independiente, que ya se constatan en su accionar como bloque dentro de la Convención –donde se han sumergido en el debate sobre los procedimientos de funcionamiento- se explican a partir del programa político que levantan: un programa alejado de las transformaciones de fondo que requieren las respuestas a las demandas que el pueblo chileno puso sobre la mesa con la rebelión iniciada en octubre del 2019. Desde este lugar también encuentra la explicación que firmen la declaración propuesta por el PS-FA-PC que no resuelve la grave situación en que se encuentran lxs presxs políticxs. Las legítimas expectativas que despertó en muchxs, por tratarse de una fuerza emergente de la rebelión de octubre, con activistas de las causas populares más sentidas, se han ido deshilachando a medida que se verifica un proceso de adaptación a la política de los partidos del orden.

Por un frente de la izquierda revolucionaria

El conjunto de las fuerzas políticas patronales, de “izquierda” a derecha, se encuentran concentradas en la disputa electoral con la que se pretende cerrar la grave crisis política abierta con el estallido. Por su parte, la convención constituyente está funcionando bajo el corset del “pacto del 15 de noviembre”, discutiendo cuestiones procedimentales mientras continúan presxs cientos de luchadorxs, no hay justicia para las víctimas de la violencia estatal y con todos los reclamos populares que siguen sin recibir respuesta alguna.

El “Comunicado Oficial” de LDP plantea que las “candidaturas independientes” deberán “comprometerse con la construcción colectiva del Programa del Pueblo, el cual se forjará a través de un proceso amplio con nuestras Asambleas, movimientos sociales y comunidades que a lo largo de todo el territorio nacional luchan por las transformaciones estructurales que los Pueblos exigen”. Hay que elaborar un verdadero programa a través de un congreso de bases, con delegados elegidos en dichas asambleas, movimientos y comunidades que voten sus pliegos de reivindicaciones. Este “parlamento” del pueblo sería parte de la movilización electoral de las masas y una instancia para elaborar un programa superador al que expuso la LDP, que debe tener un carácter anticapitalista y apuntar a una transformación integral del país bajo la dirección de los trabajadores y elegir candidatos, empezando por la candidatura presidencial y siguiendo por la de legisladores, que lo defiendan.

En este contexto, las y los trabajadores necesitamos poner en pie un frente de las fuerzas políticas que defiendan esta perspectiva –dentro y fuera de LDP- para poner en pie un polo clasista revolucionario, que desde la independencia de clase, pueda intervenir en las tareas políticas del momento. No solo en la lucha electoral, sino en el desarrollo de las luchas reivindicativas en curso. En un lugar destacado, lógicamente, tiene que estar la lucha por la libertad inmediata de todos los presos políticos. Hay que crear una autentica alternativa política independiente, clasista y socialista en todos los terrenos.

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