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06/07/2020
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Portezuelo del viento: un debate patronal

Hace una semana el gobernador mendocino Rodolfo Suárez se reunió con sus pares del Comité Interjurisdiccional de Río Colorado (Coirco) y el ministro de Interior, Wado de Pedro. Este consejo está integrado por Mendoza, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y la Pampa. Las provincias solicitaron la realización de nuevos estudios de impacto ambiental y de audiencias públicas. En el caso de tener que realizarse todo de nuevo, y parece que así será, la provincia de Mendoza se encontraría con un atraso en más de un año solo con los nuevos estudios de impacto ambiental. Est,o lejos de ser un triunfo para la lucha ambiental, coloca en suspensión los proyectos patronales de Suárez y compañía.


Portezuelo es presentado por parte de las patronales de la construcción como una gran obra pública que generaría miles de puestos de trabajo, lo cual no es cierto, pero sí es cierto que es un gran negociado de obra pública que tiene como único benefactor a un solo conglomerado, la UTE Malal Hue, integrada por fondos chinos y argentinos.


Los estudios de impacto ambiental auguran alrededor de mil puestos de trabajo directos, mientras calculan alrededor de 3 mil indirectos con las mejores condiciones, las cuales día a día se demuestran poco concretables. Sin embargo ninguna de estas cosas se encuentra garantizada. Cientos de poblados sucumbieron a los intereses de empresas constructoras que prometieron un nuevo vergel en los territorios donde se instalaban y sin embargo eso no fue posible. En Mendoza funcionan actualmente nueve presas y ninguna de ellas significó una modificación sustancial de las condiciones socioeconómicas de ninguno de los departamentos.


Estos estudios entienden que su impacto en el territorio es enorme, el espacio afectado mudaría una población entera y eliminaría la trashumancia de un territorio que desde tiempos ancestrales viene llevando a cabo esa práctica ganadera. El ecosistema se vería notablemente afectado y las condiciones de vida de los pobladores aledaños dependerían de una intervención del gobierno de varios millones de dólares; los habitantes de Las Loicas (el pueblo afectado) manifestaron su desconfianza ante esto. Las Loicas es un pueblo que practica la trashumancia, un ejercicio ancestral que fue reconocido por la Unesco como patrimonio de la humanidad y que sería eliminado al modificarse no solo la locación del pueblo sino el ecosistema.


Malargüe es el vergel del petróleo mendocino, la mitad de la producción sale del departamento más austral y el 60% de los pozos mendocinos se encuentran allí. Sin embargo, la economía del departamento no ha cambiado significativamente, de hecho la construcción de la represa es presentada como un paliativo que en contextos de regalías y de los puestos de trabajo podría ayudar a recuperar el departamento. Es central comprender que ningún modelo extractivista es una medida salvadora para la población y sí lo es para las compañías beneficiadas que se quedan con las ganancias de los proyectos.


El cambio de gobierno


La obra que data del 2006 fue resucitada durante el gobierno de Macri en pleno auge radical en Mendoza. Un verdadero premio dolarizado por ser la provincia punta en el ajuste, la recesión y en ir perfilando un matriz económica y energética al servicio patronal. Con el cambio de gobierno, Portezuelo se convirtió en un gasto más para un gobierno nacional en crisis. Esta es, además, la oportunidad para darle un golpe fatal al gobierno provincial y lograr repuntar los votos peronistas en la provincia de Cambia Mendoza. Como contraparte, el gobierno mendocino busca elevar su figura luego de ser gestor fracasado de la modificación de la 7.722, presentándose como defensor de los recursos provinciales y proponiendo incluso la separación de la provincia.


Se suma, además, el hecho de que los desembolsos regulares que debiera hacer el gobierno nacional no son la mejor garantía en un proceso de crisis. Cuando se prioriza el pago de la deuda (y el default) que suma semana a semana más concesiones, el pago a una provincia de desembolsos millonarios, no sería la administración más eficiente en términos de capital.


¿Agua para quién?


Las provincias del Coirco no manifiestan sus preocupaciones en términos populares, obviamente, sino que lo hacen en reclamo de las necesidades patronales afectadas por una latente reducción del caudal de agua, de la misma manera en que se encuentra el debate con La Pampa donde se realiza una gran campaña mediática, donde lugares como Santa Isabel se encuentran en total abandono y el gobierno pampeano no hace nada. Es que el reclamo de las provincias afectadas no tiene de ninguna manera un carácter ambientalista como lo quieren pintar, sino que es un reclamo patronal. En sus propias provincias son ejecutores, estos gobiernos, de las prácticas más arrasadoras sobre el ambiente: el desmonte para la soja, los basurales a cielo abierto, la industria petrolera, los incineradores, etcétera.


El reclamo de las provincias, en el caso de dejar afuera los revanchismos políticos, proviene de las patronales sojeras y petroleras que reclaman el derecho de agua del río para sí. En ninguna de las provincias afectadas se garantizan servicios esenciales a la población, como el agua potable o la alimentación a través de la siembra o la protección de los ecosistemas. El activismo debe estar atento a estas implicancias porque si no termina ingresando en un debate patronal.


En Mendoza, particularmente, es de sospechar que no solo el agua, sino la latente energía pasible de ser utilizada, fuera sustento de las explotaciones mineras que se auguraban tras el intento de modificación de la 7.722. Se agrega, además, las cantidades necesarias para la extracción petrolera.


La obra pública negociada


El costo de la obra es de alrededor de mil millones de dólares. Una cifra colosal. Esto en el marco de una gran polémica por el proceso de llamado a licitación y presentación de pliegos que llevó a renunciar a un funcionario público. Es, más allá de fraudes y corrupción, otra vez parte del negociado de la obra pública. Una transferencia colosal de miles de millones a las empresas privadas que no están pensando precisamente en repartir las generosas ganancias a las que acceden.


Es central no solo repudiar la depredación ambiental a costa de las ganancias capitalistas, sino rediscutir la matriz energética y ambiental en función del cuidado de ambiente y las necesidades populares.


El rechazo del Coirco no debe festejarse como un triunfo popular sino que debe colocarse en la comprensión de las necesidades populares; así como la carestía y desocupación, debe enfrentarse con una política independiente de la patronal. La necesidad de un congreso de bases de trabajadores ocupados y desocupados, y la unión de las asambleas ambientales (sea este un llamado a todo el activismo y organizaciones que lucha por la defensa del ambiente) en el debate debe ser clave para no caer en posiciones individualistas. Se hace necesaria una obra pública al servicio de los intereses populares, como lo es la construcción de viviendas para las más de 70 mil familias que esperan el llamado del IPV o los miles de barrios que se inundan o no tienen servicios básicos. El debate de Portezuelo busca entregarse a la población envenenado en la competencia capitalista. y debe enfrentarse con alevosía. Solo una perspectiva alejada de los intereses patronales puede ser la vía de la salvación de la población mendocina y su ambiente.




 

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